EL PAêS
VIERNES
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
Conflicto
por el Proyecto HidroelŽctrico El Diqu’s
Sala IV da 6 meses al ICE para consultar a ind’genas
por represa
Alto
tribunal consider— que Instituto les violent— los derechos
Entidad
pide ayuda a comunidades para acelerar consulta y seguir con el plan
Esteban A. Mata emata@nacion.com 10:53 a.m. 29/09/2011
La Sala Constitucional orden— al
ICE consultar a los ind’genas tŽrrabas sobre la
construcci—n del embalse para el Proyecto HidroelŽctrica El Diqu’s
en un plazo m‡ximo de seis meses.
Con el
fallo, los magistrados le dieron la raz—n a la Asociaci—n de Desarrollo
Integral de la Reserva Ind’gena de TŽrraba, que objet— el decreto que declara
de interŽs nacional el proyecto del Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE).
El decreto lo firmaron en el 2008
el entonces presidente de la Repœblica, îscar Arias, y su ministro de Ambiente,
Roberto Dobles, para impulsar el plan.
La asociaci—n tŽrraba
objet— el proyecto porque se planea utilizar 900 hect‡reas de sus territorios y
no les consultaron, lo que viola el Convenio 169 de la Organizaci—n
Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos ind’genas.
Molestia. A pesar de que el fallo de la
Sala les da la raz—n a los tŽrrabas sobre la
obligatoriedad de la consulta, ayer el denominado Frente de Defensa de los
Derechos Ind’genas TŽrrabas divulg— un comunicado en
que ÒrepudiaÓ la decisi—n de la Sala.
Segœn la comunicaci—n, el fallo
ignora Òlas normas espec’ficas de los derechos fundamentales de los pueblos
ind’genas, especialmente las recomendaciones del se–or relator especial de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind’genas, James AnayaÓ.
Anaya se reuni— con los pueblos
ind’genas en TŽrraba de Buenos Aires, Puntarenas, el 24 de abril del 2011 para
analizar el conflicto con el ICE.
Un d’a despuŽs de la llegada del
relator de las Naciones Unidas, el ICE tom— la medida de retirarse de los
terrenos tŽrrabas para iniciar los procesos de
consulta.
Para esa fecha, ya los
magistrados constitucionales ten’an en sus manos la acci—n de
inconstitucionalidad contra el decreto que tres a–os antes hab’a firmado Arias.
La posici—n del ICE ahora es
respetar el fallo constitucional y apura la consulta a los pueblos ind’genas
para evitar mayor demora al que califican como el m‡s importante de los
proyectos energŽticos del pa’s y uno de los tres m‡s grandes del Istmo.
La hidroelŽctrica, con un costo
cercano a los $2.000 millones, tendr’a una capacidad instalada de 630
megavatios (MW), segœn el ICE.
El plan del Gobierno es que la
planta hidroelŽctrica pueda entrar en operaciones en el 2018; sin embargo, es
una fecha tentativa que est‡ abierta a ajustes, dijo el vocero del ICE, Elberth Dur‡n.
El funcionario recalc— que Òm‡s
que ver fechas, vemos la necesidad de consolidar un proceso, previo a cualquier
cronogramaÓ.
A dialogar. El subgerente de Electricidad del
ICE, Gravin Mayorga, dijo ayer que ya trabajan en el
proyecto de consulta y esperan que la decisi—n de los magistrados no represente
un retraso en el plan energŽtico.
Mayorga agreg— que la instituci—n
espera cumplir con lo pedido por la Sala, pero, a la vez, solicit— el apoyo de
los grupos ind’genas tŽrrabas para definir voceros
ante la instituci—n y avanzar en el proceso de consulta.
ÒEs muy importante que los
ind’genas definan a sus representantesÓ, dijo Mayorga.
Las discusiones se iniciaron en
el 2008, luego que el ICE iniciara trabajos y estudios en un terreno de 20
hect‡reas a travŽs de la autorizaci—n que dio un no ind’gena.
Sobre la consulta puntual por
hacer a las comunidades tŽrrabas, Mayorga recalc— que
antes deben realizar un estudio para determinar quŽ se preguntar‡.